Según el decreto de octubre, la prórroga se dispuso por "razones operativas y con la finalidad de permitir que una mayor cantidad de sujetos interesados puedan exteriorizar sus tenencias y acogerse a los beneficios dispuestos en la ley 26.860 [de blanqueo de capitales]".
El Gobierno preveía un ingreso de fondos por US$ 4000 millones -similar a lo logrado con el blanqueo de 2009- mediante los dos títulos se ofrecen para quienes ingresen sus fondos no declarados en el exterior: el Certificado de Depósito para Inversión (Cedin) y el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (Baade). Sin embargo, en la primera etapa de suscripción, el interés fue muchísimo menor a la proyección oficial, e ingresaron un poco más de US$ 340 millones.
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